Anáhuac, Nuevo León.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas con domicilio en Anáhuac, Nuevo León, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las que acusa de tener presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste.
Entre los señalados está el empresario Gamaliel Garza García, aficionado a las carreras de caballos, a quien el gobierno estadounidense identifica como asociado de esa organización. De acuerdo con la acusación, controla San Dibanh, una cuadra de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac que compite con frecuencia en el hipódromo Club La Molienda, a las afueras de Nuevo Laredo, recinto que también fue sancionado al considerarse controlado por el grupo criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), registrada en Anáhuac, fue utilizada para canalizar dinero a campañas electorales de candidatos afines al cártel, y que obtuvo contratos de obra pública mediante prácticas corruptas para después subcontratarlos a personas ligadas a la organización. También fue sancionado su hijo, Gamaliel Garza Elías, por su participación en la operación diaria de la empresa, así como la proveedora de materiales COPASA y otras seis compañías de construcción y de gas con sede en Nuevo Laredo.
La lista incluye además a una empresa de transporte de carga y a uno de sus despachadores, señalado por participar en la salida de dos remolques en los que se encontraron 52 kilos de cocaína ocultos en los tambores de freno, así como a Pablo César Guajardo Álvarez, alias «Takia», identificado como jefe de plaza del cártel en Nuevo Laredo.
Con esta designación, todos los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o en manos de ciudadanos de ese país quedan congelados, al igual que los de cualquier empresa en la que tengan 50% o más de participación. La Unidad de Inteligencia Financiera respaldó la medida.
Tras el anuncio, el Gobierno de Tamaulipas aseguró que ninguna de las personas ni de las empresas señaladas ha tenido contratos con la administración estatal desde octubre de 2022, mientras que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció que CEGESA y COPASA están inscritas en su padrón de contratistas y han mantenido relación contractual con el municipio.